Informaciones del trámite de un nuevo pasaporte andino mecanizado

Se comunica a todos los connacionales, a manera de orientación, los beneficios de la Ley Nº 28182,  Ley  de Incentivos  Migratorios  y su Reglamento  aprobado  por  el  Decreto  Supremo Nº 028-2005-EF.

Esta información adjunta, aparece en el  Portal  de  la SUNAT, así como también los nuevos formatos que se deben utilizar para  facilitar y simplificar la tramitación correspondiente, los cuales se encuentran adjuntos en los Anexos 1 al 5 (ver "más informaciones").

Usted podrá tener conocimiento de los siguientes beneficios:

PIEDRA DE TOQUE

Victoria pírrica
Por: Mario Vargas Llosa Escritor

La semana pasada el Congreso peruano derogó los decretos legislativos que habían provocado una revuelta indígena de grandes proporciones en la Amazonía: bloqueo de carreteras, toma de empresas, paralizaciones y acciones armadas en las que perecieron 24 policías (degollados, alanceados y quemados) y diez civiles (abaleados) y unas 150 personas resultaron heridas, según cifras verificadas por la Defensoría del Pueblo. La víspera, desde Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Alan García Pérez, promotor de aquellos decretos, había hecho su autocrítica, lamentando no haberlos consultado previamente con las comunidades indígenas y explicando que este repliegue del Gobierno se hacía en aras de la paz y para poner fin al derramamiento de sangre.

De este modo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), a la que están afiliadas unas 1.300 comunidades nativas y su dirigente Alberto Pizango (ahora asilado en Nicaragua), que lideraron el movimiento rebelde, obtienen un triunfo indiscutible. Aunque, para guardar las formas, la abolición de los decretos ha venido acompañada de una vaga propuesta de instalar una mesa de negociaciones para, en adelante, armonizar ideas entre autoridades y nativos, todos sabemos que ni este ni probablemente futuros gobiernos osarán en el Perú volver a intentar meter la mano en la Amazonía para alentar la inversión privada y el desarrollo económico de esta región, la más pobre y despoblada del Perú, que representa unos dos tercios de la geografía nacional. Una cosa está, pues, totalmente garantizada: los 332 mil nativos amazónicos, que, según el censo del 2007, distribuidos en unos quince grupos etnolinguísticos, hablan cerca de 70 dialectos, seguirán siendo en los años venideros los ciudadanos más desamparados y explotados del Perú, los que reciben la peor educación, tienen menos oportunidades de trabajo y las peores expectativas de salud y de vida de todo el país. Si esto no es una victoria pírrica, ¿qué es?.

A pesar de su lenguaje algo difuso, los satanizados decretos estaban en el fondo bastante bien orientados. Perseguían una necesidad imperiosa: atraer inversión privada y tecnología de punta hacia una región que tiene grandes reservas de gas, petróleo y muchos minerales y podría ser una fuente de prosperidad y modernización para ese país pobre que es el Perú, empezando, claro está, por quienes más ayuda necesitan: las comunidades nativas de la Amazonía. Es falso de toda falsedad, para cualquiera que eche una simple ojeada a los decretos en cuestión, que en ellos se pretendiera desconocer el derecho de propiedad de los nativos a sus tierras ancestrales. Al revés: su propósito, explícito e implícito, era demarcar estas circunscripciones a fin de que su legalización fuera efectiva y no, como hasta ahora, una mera abstracción contradicha a diario por las invasiones múltiples de que esas tierras son víctimas por parte de los narcotraficantes, la deforestación salvaje que va convirtiendo sus selvas en desierto, la minería ilegal y la enloquecida contaminación de ríos y lagos que está aniquilando la fauna y la flora amazónicas.

Es verdad que el Gobierno, antes de enviar al Parlamento estos decretos, debió llevar a cabo una campaña intensa de información y diálogos con las comunidades nativas. No es seguro que hubiera sido más eficaz que los demagogos y extremistas que, desde hace tiempo, con el apoyo desembozado de Evo Morales y Hugo Chávez, vienen intoxicando a toda la región amazónica con una prédica revolucionaria cuyos soportes básicos son el anticapitalismo, el nacionalismo y el racismo. Es decir, el rechazo de la empresa privada y de la inversión extranjera —salvo, claro está, si ella es venezolana, cubana o iraní— a la vez que el reconocimiento de “naciones indígenas” que tendrían el derecho exclusivo a las tierras amazónicas. Pero, intentando aquel diálogo, al menos se habrían evitado los muertos y heridos, y los grandes daños materiales que esto ha causado al Perú. Y el Gobierno se hubiera ahorrado una derrota política que los enemigos de la democracia —una minoría de resentidos y nostálgicos de Stalin, Mao Tse Tung y Sendero Luminoso— van a interpretar ahora como un incentivo para nuevas acciones violentas que acaben con el dinámico ritmo de crecimiento que tiene el país, lo arruinen y de este modo lo acerquen más a la órbita chavista de la revolución bolivariana y al “modelo” cubano.

Conozco bien la Amazonía peruana, donde he estado muchas veces y donde suceden tres de mis novelas, y he visto de cerca las terribles condiciones de vida de sus comunidades nativas. Desde el siglo XIX, cuando el apogeo del caucho, los indígenas de la selva han sido maltratados de manera inicua, expulsados de sus tierras por mercaderes esclavistas, diezmados en las caucherías, y, más tarde, brutalizados por aventureros sin escrúpulos que buscaban oro y otros metales, por los narcos, por los guerrilleros y por las fuerzas del orden, y siempre olvidados por los gobiernos de la República, ninguno de los cuales se preocupó jamás de la suerte de esta minoría que representaba muy poco desde el punto de vista electoral. Por eso, entre todas las regiones del Perú, ninguna como la Amazonía requiere con más urgencia que la anarquía y la “ley de la selva” que allí imperan sean reemplazadas por un orden legal justo y estable que garantice a las comunidades nativas sus derechos y les abra las oportunidades de mejora y progreso que solo el desarrollo económico —es decir la multiplicación de empresas privadas e inversiones nacionales y extranjeras— y la legalidad democrática pueden conseguir. En las regiones del Perú donde ello ha ocurrido, como en Lima y en toda la región del litoral y en muchos lugares de la sierra norteña, el progreso en estos últimos años ha sido espectacular, ha reducido los niveles de pobreza, generado altísimas tasas de empleo y, gracias al canon minero, dotado a las provincias de unas rentas que jamás tuvieron en el pasado. A esto acaban de renunciar de manera suicida las comunidades amazónicas que siguieron las consignas retrógradas de Alberto Pizango.

No solo él debe estar frotándose las manos ahora, en su exilio nicaragüense. También Fidel Castro y el gran triunfador de esta operación que es, por supuesto, el comandante Hugo Chávez. El Perú es una de las dos espinas que tiene clavadas en la garganta el caudillo venezolano. La otra, Colombia. Para sus sueños megalómanos de convertirse en el nuevo Bolívar, en América del Sur tiene ya secuestrada a Bolivia, semisecuestrado a Ecuador, neutralizada a Argentina que, de todas maneras, en la olla podrida en que han convertido a ese antiguo gran país los esposos Kirchner, podría seguir descomponiéndose hasta caer atada de pies y manos en sus brazos. Brasil es demasiado grande y lejano para poder tragárselo, pero el astuto Lula, que tiene su propio proyecto —a años luz del de Chávez— nunca le hará sombra, ni se le enfrentará, mientras pueda sacar provecho de los petrodólares venezolanos que el hombre fuerte de Caracas derrocha a discreción. Chile ya despegó, ya casi no es un país del tercer mundo, de manera que a lo más que podría aspirar Chávez es a ayudar a desestabilizarlo. El Perú y Colombia, en cambio, son dos objetivos que todavía podrían caer en sus redes. Por eso, el caudillo venezolano ayuda a las FARC colombianas y a las bandas ultrarrevolucionarias (mezcla de narcos y terroristas) que operan en la región peruana del Apurímac y del Ene, y patrocina generosamente a las fuerzas políticas de extrema izquierda que en ambos países tratan por todos los medios, legales o ilegales, de atascar el modelo —democracia política y economía de mercado— que, en los últimos años, a Colombia, y sobre todo al Perú, ha traído un progreso sin precedentes.

Este es el contexto en el que hay que hay que situar lo ocurrido en la Amazonía peruana para entenderlo cabalmente. La responsabilidad de quienes, de manera tan insensata como demagógica, han utilizado a las comunidades indígenas movilizándolas en una guerra abierta contra unas medidas de las que hubieran sido las primeras beneficiarias, inculcándoles las estúpidas mentiras según las cuales aquellos decretos formaban parte del tratado de libre comercio firmado entre el Perú y Estados Unidos y querían privarlos de sus tierras (que nunca han tenido de verdad) es enorme. Por lo menos ha quedado demostrado, una vez más, que no hay límite moral ni político que los enemigos de la libertad no estén dispuestos a transgredir. Y, también, que las reformas que emprenda un gobierno democrático, por más beneficiosas que sean, deben alcanzar un consenso popular antes de ser emprendidas, para que, como ha ocurrido en este caso, no resulten contraproducentes y terminen agravando los problemas que querían resolver.


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Last week, the Peruvian Congress derogated the legislative decrees that spurred a large indigenous revolt in the Amazon, complete with roadblocks, the occupation of businesses, standstills and armed action in which 24 policemen perished (from slit throats, spear wounds and burns), 10 civilians were gunned down and 150 more people were injured, according to numbers verified by the Office of the Ombudsman.  The day before and from the Presidential Palace, the President of the Republic, Alan García Pérez –himself a promoter of said decrees– conducted his own self-criticism; regretting not having consulted them previously with the native communities, and explaining that the Government’s withdrawal was made for peace’s sake and to put an end to the bloodshed.

This is how the Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Interethnic Association for the Development of the Peruvian Jungle, AIDESEP), to which some 1.300 native communities adhere, and their leader, Alberto Pizango (who has now taken refuge in Nicaragua) came to obtain an indisputable triumph. But even if, to keep up appearances, the abolition of the decrees was accompanied by a vague proposal towards advancing negotiations so that, from this point onwards, the ideas of the authorities and the natives might be harmonized; we all know that neither this nor likely any other, future, government would dare intervene in the Amazon with the purpose of coaxing private investment and economic development in the region, which happens to be the poorest and most unpopulated one in Peru, even as it represents two thirds of its national geography. One thing is, thus, entirely assured: the 332 thousand Amazonian natives which, according to the 2007 census, are distributed into some fifteen ethnolinguistic clusters speaking about 70 dialects, shall continue to be the most forsaken and exploited people in Peru –those who receive the worst education, have the less work opportunities and the lowest health and life expectancies nationwide-.  If this is not a Pyrrhic victory: what is?

Despite their somewhat nebulous language, the demonized decrees were fundamentally well grounded in their pursuit of a pressing necessity, namely, the attraction of private investment and state of the art technology to a region laden with gas, petroleum and mineral reserves which could have become a source of prosperity and modernization for the poor country that Peru, indeed, is; starting with those who need the help the most: that is, the native communities of the Amazon. It is glaringly false, to anyone who cares to but glance at the decrees in question, that they intended to slight the property rights of the natives to the lands of their forefathers. Quite contrarily: their implicit and explicit purpose was to demarcate these circumscriptions so that their legalization was effective and not, as has been the case to date, a mere abstraction that is contradicted on a daily basis by the numerous invasions of those very lands by drug-trafficking, the indiscriminate deforestation that is turning their jungles into a desert, illegal mining and the maddened pollution of rivers and lakes that is annihilating the Amazonian flora and fauna. 

It is true that, prior to submitting these decrees to Parliament, an intensive informative campaign, coupled to talks with the native communities, should have been conducted. It is also uncertain whether or not this would have proven more effective for the demagogues and extremists who, for a long time –and with the unbridled support that is afforded them by Evo Morales and Hugo Chávez– have been exciting the entire Amazonic region with a revolutionary homily, the basic tenets of which are anticapitalism, nationalism and racism. Or, to put it otherwise, the rejection of private enterprise and foreign investment –unless, of course, the latter hail from Venezuela, Cuba or Iran– together with the recognition of “indigenous nations” with an exclusive right to the Amazonic lands. All this said, had that dialogue been attempted, the deaths and injuries, as well as the immense material damage that this episode wreaked on Peru, would have been avoided. The government, too, would have been spared a political defeat which the enemies of democracy –a minority of resentful nostalgics of Stalin, Mao Tse Tung and Shining Path– will now interpret as an invitation to new violent actions meant to undermine the country’s dynamic rate of growth, ruining it and thus bringing it closer to the chavista orbit of the Bolivarian revolution and the Cuban “model”.
I know the Peruvian Amazon well. I have been there many times and it has served as the setting for three of my novels. I have seen the appalling conditions that its native communities live in. From the XIXth century onwards, with the rise of rubber, the jungle natives have been nefariously abused: they have been expelled from their lands by slave merchants, decimated in the rubber plants and later brutalized by unscrupulous adventurers seeking gold and other metals, as well as by drug-traffickers, guerrillas and law-enforcers alike. They were always forgotten by the governments of the Republic, none of which concerned itself with the plight of this minority that represented next to nothing from an electoral vantage. This is why, out of all the regions of Peru, none is more pressed than the Amazon for the anarchy and the “law of the jungle” that rule there to be replaced by a just and stable legal order that ensures the native communities’ rights and grants them the opportunities for improvement and progress that only economic development –that is to say, the multiplication of private endeavor and both national and international investments– coupled to democratic legality, can attain. Wherever this has happened in Peru, as in the cases of Lima and the rest of the coast, as well as in many sectors of the northern sierra, the progress of these past few years has been nothing short of spectacular, with exorbitant employment rates and rents the likes of which the provinces had never seen before thanks to the mining canon. This is what the Amazonian communities that chose to follow the retrograde slogans of Alberto Pizango have relinquished.

He must not be the only one licking his chops right now, from the comfort of his Nicaraguan exile. Fidel Castro and the great victor in this operation –who is, naturally, Commander Chavez himself– must be doing so as well. Peru is one of the two thorns stuck in the side of the Venezuelan caudillo. The other one is Colombia. His megalomaniacal dreams of becoming the new Bolivar in South America have already hijacked Bolivia, semi-hijacked Ecuador, and neutralized Argentina, which might just as well continue stinking to high hell, given the festering pus-pot the Kirchners have turned that formerly great country into. Brasil is too big –and too distant– to be swallowed, but the cunning Lula, who does have his own project –one which is light years ahead of Chavez’s– will never contest or oppose him insofar as he can take advantage of the Venezuelan petrodollars that the strongman of Caracas so profusely squanders. Chile has already taken off and is barely a third-world country, so that the most that Chavez could aspire to is to help destabilize it. Peru and Colombia, on the other hand, are two targets that could still fall in his snares. This is why the Venezuelan caudillo abets the Colombian FARC and the ultrarrevolutionary bands (an admixture of drug-traffickers and terrorists) operating in the Peruvian region of the Apurimac and the Ene rivers, all of which are generously sponsored by the extreme-left political forces which strive to thwart the model of political democracy and market economy that has brought unprecedented progress to Colombia –and to Peru especially– by all and any means, whether these be legal or not. 

This is the context in which we must place what has occurred in the Peruvian Amazon to understand it properly. The responsibility of those who, through recklessness and demagoguery, have used the indigenous communities by pitching them into open warfare against measures they would have been the prime beneficiaries of, instilling them with brainless lies according to which those decrees partook of the Free Trade Agreement signed between Peru and the United States of America in order to deprive them of their lands (which they had never really had), is enormous. It has at least been demonstrated, once again, that there is no moral or political boundary that the enemies of freedom are unwilling to transgress. And also, that the reforms that a democratic government sets out on, no matter how beneficial, must be met with popular consensus before they are enacted so that, as has been the case here, they do not become counterproductive, worsening what they were meant to solve.